El odio y el absurdo en formato de decreto

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La irrupción de la clase trabajadora en la Argentina a comienzos de la década de 1940, expresada en términos políticos a través del movimiento nacional peronista, ocasionó un inusitado proceso de ascenso social que fue interpretado por los sectores dominantes como la pérdida de sus privilegios seculares. La típica escena de la patrona que se encuentra con su empleada doméstica en las playas de Mar del Plata en el verano o en la cola para ingresar al cine, es tan solo una muestra del alcance social e igualitario que tuvo el peronismo para la sociedad argentina.

A la par que los trabajadores aumentaban sus derechos y accedían a estándares de vida más elevados, crecía en los sectores dominantes un sentimiento de recelo y un odio visceral contra los “cabecitas negras”, el movimiento peronista y su líder, el presidente Juan Perón. De poco importaba el carácter democrático y constitucional que investía a Perón, ni el 62 por ciento de los votos con los que había sido reelecto en 1952, o quizás sí. Quizás la certeza de la imposibilidad de derrotar al peronismo en elecciones limpias y democráticas, fuera un factor más para acrecentar ese odio.

El odio se expresó de numerosas formas, inclusive violentas, como los bombardeos a Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, cuando aviones de la Armada y la Fuerza Aérea arrojaron bombas sobre la población civil que había acudido a la plaza en defensa del orden democrático y la constitución. Ese odio, claro está, no haría más que acrecentarse con el tiempo hasta desembocar en una de las acciones más absurdas e insólitas de la historia argentina.

Luego del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 y la instalación de la Revolución Fusiladora, el gobierno de facto inició una feroz campaña represiva contra el movimiento nacional peronista. Se intervinieron los sindicatos, las universidades y se pretendió borrar de un plumazo la historia reciente del país. Como pese a estas medidas el peronismo continuaba vivo en lo que se denominó como la “resistencia peronista”, el gobierno firmó, el 5 de marzo de 1956, el decreto ley N° 4161 que prohibía toda referencia sobre el régimen depuesto.

El artículo 1° establecía:
Queda prohibida en todo el territorio de la Nación:
a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona (…) las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo.

Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto el de sus parientes, las expresiones "peronismo", "peronista", " justicialismo", "justicialista", "tercera posición", la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales "Marcha de los Muchachos Peronista" y "Evita Capitana" o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos.

En suma, el gobierno pretendía prohibir la memoria social de los argentinos, como si ello fuese posible. Este decreto ley, del que se cumplen 58 año, es, sin lugar a dudas, una muestra más de odio y del absurdo en el que suelen caer los grupos dominantes cuando los sectores populares irrumpen en la historia.

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