El largo camino transitado -y por transitar- de los DD HH

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Una vez al año, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Siglo Veintiuno Editores nos recuerdan a todos los argentinos que hemos transitado un largo camino en el tema de los Derechos Humanos; pese a lo cual aún nos queda un extenso trecho por recorrer hasta la aplicación total de los principios básicos de la existencia humana. Esta es la conclusión general del “Informe 2013 sobre Derechos Humanos en Argentina”, elaborado por el CELS y publicado por Siglo XXI.

Este nuevo informe tiene algunos aspectos destacables por su carácter tanto simbólico como analítico. En primer lugar, y tal como figura en la portada del libro, que se trata de una “edición especial 30 años de democracia”, recuerdo para nada menor en un país que recuperó el ejercicio democrático bajo las enormes banderas de los Derechos Humanos. En segundo término, se destaca la visión regional y latinoamericana de los abordajes efectuados por el equipo de trabajo del CELS.

Por la tanto, el Informe 2013 arranca con una presentación escrita por Horacio Verbisky, presidente del CELS, y titulada “Tres décadas de democracia”. Allí se repasan estos 30 años de vida democrática, con sus luces y sus sombras en materia de Derechos Humanos. Es que más allá de los logros obtenidos, muchos de ellos condensados en la última década, todavía quedan resabios de autoritarismo dentro de las estructuras del Estado y situaciones de impunidad que deben resolverse por vía judicial con una celeridad de la que hoy carece el sistema jurídico.

El informe está estructurado en dos grandes ejes: uno regional y el otro más local, casi se podría decir de carácter metropolitano, por estar centrado en las situaciones de violencia institucional registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En este sentido, las referencias al resto del país son un tanto escasas y aisladas, más que nada producto de hechos de extrema violencia y de amplia repercusión pública en los medios capitalinos. Esto puede deberse a las dificultades para acceder a la información en algunas provincias, como así también a la propensión de centralizar las miradas en la inmensa área metropolitana.

El primer capítulo es sumamente interesante, ya que presenta un estudio comparado sobre la política de revisión del pasado dictatorial y autoritario de los países de la región.

Por cierto, no sorprende que sea la Argentina el país que logró los mayores avances en la materia, en especial luego del cambio de paradigma impuesto por la asunción de Néstor Kirchner como presidente, al imponer como política de Estado la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ello se tradujo en la anulación de las leyes de la impunidad y la reapertura de los juicios, proceso penales que ya han condenado a unos 500 represores en todo el país. El respecto, el CELS concluye que la principal falencia radica en la demora en confirmar las sentencias por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto a lo positivo, destaca que en el 2012 se impuso la estrategia de acumulación de causas en un solo juicio, originando el fenómeno de las megacausas, que “son una ventaja desde el punto de vista jurídico, pero también histórico y social, ya que le dan otra entidad al juzgamiento y avanzan en obtener una justicia más abarcativa”.

Frente a los avances notorios en la Argentina, en el resto de los países los progresos han sido ralentizados por el contrapeso de poderes enquistados e intereses creados. En Chile, por ejemplo, se enumera la persistencia de las leyes de amnistía y la falta de compromiso por parte del Estado en avanzar en una política de Memoria, Verdad y Justicia. En Uruguay fue un hito importante la anulación de la ley de Caducidad, producida luego de una sentencia condenatoria contra el Estado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a lo cual no se ha podido avanzar en la sustanciación de las causas debido al freno que le impuso la Corte Suprema local. En Brasil, el informe destaca que los progresos en cuanto a la Verdad y la Memoria, pero que esto no se tradujo en un avance en la justicia.

Más allá de los casos puntuales (también se habla de Perú), el informe del CELS concluye que “el actual proceso a partir del cual la región protagoniza un giro hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente es uno de los hechos más significativos en materia de justicia transicional del siglo XXI”.

La mirada regional se completa con un capítulo titulado “Debates actuales sobre la institucionalidad regional en derechos humanos”, que recorre el actual proceso de integración y los enormes desafíos que debe afrontar. Además, en una sección titulada “debates”, se toca el caso del golpe de Estado en Paraguay, que derrocó al presidente constitucional y democrático Fernando Lugo.

Ya en el plano local, el CELS pone el acento en la permanencia de la violencia institucional en ciertos ámbitos críticos, como los servicios penitenciarios y las policías provinciales.

En el capítulo II se aborda “El sistema de seguridad como ámbito de reproducción de violaciones y desigualdades. Desencuentro entre las políticas y los problemas que afectan derechos humanos”. Las conclusiones generales revelan la perpetuación de la abuso policial sobre la población pobre, más allá, incluso, de la mejora en los índices delictivos luego del despliegue de fuerzas federales en zonas conflictivas de la CABA y Gran Buenos Aires. Ni siquiera este despliegue y la intervención de fuerzas “extrañas” a la zona fueron suficientes para evitar la continuidad de la violencia institucional.

El capítulo III, por su parte, se adentra en el terrible mundo de las cárceles en la Argentina, en especial las pertenecientes al Sistema Penitenciario Bonaerense, cuyo accionar está entrecortado por las relaciones mafiosas tejidas entre el sectores del poder político, el policial y el judicial. Si bien el CELS rescata la labor efectuada por el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, la incidencia del dirigente no logró torcer el rumbo de la política de seguridad implementada por la administración de Daniel Scioli.

El capítulo IV se titula “Vivienda adecuada y déficit habitacional. Intervenciones complejas y necesarias”. Ya desde su título se aprecia la importancia que el acceso a la vivienda tiene a la hora de pensar y proyectar los Derechos Humanos. A partir del resultado del censo 2010, el texto analiza el impacto de las principales políticas públicas en la materia, como el plan Pro.Cre.Ar. Al igual que en otros rubros, la conclusión es idéntica: no alcanza con planes o buena voluntad, para modificar patrones de conducta atentatorios de los Derechos Humanos, se requiere de un esfuerzo mucho mayor y conjunto de la sociedad toda.

El informe también incluye un capítulo sobre discapacidad y otro sobre el acceso a la información, éste último en el marco del debate por la ley de Medios Audiovisuales.

En suma, un libro denso, por momentos doloroso y por instantes esperanzador. Un recordatorio anual que tanto el CELS como Siglo Veintiuno Editores le hacen a la conciencia ciudadana de los argentinos. Y un mensaje claro: por más progresos y avances que se hayan logrado en 30 años de democracia en materia de Derechos Humanos, siempre, pero siempre, habrá un nuevo paso que dar.

Ficha técnica:
Páginas: 608
Tamaño: 23 x 16
ISBN: 978-987-629-303-7
Fecha de publicación: Noviembre de 2013
Precio: $ 150
En Posadas: Librería Tras Los Pasos, La Rioja entre Colón y San Lorenzo.

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