Seguimos buscando a Julio López

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Es el símbolo más claro de que aún hoy, a casi 30 años de vida democrática en la Argentina, hay sectores vinculados a la última dictadura militar, que siguen actuando con la misma impunidad que en aquella noche oscura de nuestra historia. El 18 de septiembre de 2006, apenas un día antes de que se conociera la condena a perpetua contra el genocida Miguel Etchecolatz, un grupo de tareas secuestró a Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor. A siete años de aquel hecho, todavía buscamos a Julio y exigimos justicia y castigo para los responsables. Jorge Julio López nació en General Villegas, el 25 de noviembre de 1929. Desde joven debió salir a trabajar, primero como empleado rural y luego como albañil. Con 33 años se casó y se instaló en una casa construida por él mismo en Los Hornos, en las afueras de la ciudad de La Plata. De extracción peronista, Julio López recién comenzó su militancia política en 1973, al sumarse a la unidad básica Juan Pablo Maestre, que recordaba a un compañero caído en 1971 y que pertenecía a las FAR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pese a la distancia generacional que existía entre Julio y el núcleo central de la unidad básica, el albañil de Los Hornos tuvo una activa participación en el espacio político. Al producirse el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, todos los ámbitos de militancia fueron blancos para las fuerzas represivas. Cientos de unidades básicas, de comités o de locales partidarios fueron atacados, saqueados y destruidos. En la noche del 27 de octubre de 1976, le tocó el turno a la unidad básica Juan Pablo Maestre, que fue incendiada por la patota represiva. Muchos de sus miembros fueron encarcelados, entre ellos Julio López. Julio permaneció 160 días desaparecido y bajo constantes torturas. Luego de varios traslados y de ver la muerte de numerosos compañeros, Julio fue blanqueado y puesto a disposición del Ejecutivo Nacional. En esa condición fue alojado en la Unidad 9 hasta el 25 de junio de 1979, en que recobró su libertad. Si bien en un principio el gobierno de Raúl Alfonsín había impulsado los juicios contra las juntas militares, este afán justiciero quedó prontamente abandonado con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Así, el único camino posible fueron los denominados juicios de la verdad, que permitieron conocer lo ocurrido durante la dictadura, por más que ello no se tradujera en consecuencias penales para los genocidas. En aquellos juicios, López brindó informaciones claves para la causa denominada como el “circuito Camps”, en alusión al jefe de la bonaerense de entonces. Cuando en el 2003 el gobierno nacional impulsó la política de memoria, verdad y justicia, esta causa se transformó en una de las principales. Así fue llevado a juicio el ex Director general de investigación de la bonaerense Miguel Etchecolaz. Una vez más, López prestó su testimonio clave, pero también actuó como querellante contra el represor. Un día antes de la sentencia, el 18 de septiembre de 2006, una patota impune lo volvió a secuestrar, dejando en evidencia que, pese a todo, los genocidas aún siguen actuando.

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