Neoliberalismo en Misiones: historia del IETE

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La principal política de Estado desarrollada por Ramón Puerta como gobernador de Misiones fue el AJUSTE de tipo neoliberal. El achicamiento del Estado, con despidos masivos de empleados públicos y privatización de las principales empresas estatales y/o mixtas, fue el eje central del programa de gobierno. Las consecuencias de dicha política las pagamos y las sufrimos todos los misioneros, pero hubo una decisión que apuntó directamente contra el empleado público y los jubilados estatales que es, quizás, la medida neoliberal más recordada de todas aquellas que adoptó Puerta: la imposición del famoso IETE.

El neoliberalismo aplicado en países periféricos como el nuestro tiene una serie de etapas que se repiten en todos los escenarios. En primer lugar, una etapa de crecimiento relativo, que se sostiene en el ingreso de capitales destinados a la compra de las empresas e industrias públicas privatizadas. Cuando esta etapa concluye, y por lo tanto los capitales dejan de ingresar, el neoliberalismo pasa al ciclo del endeudamiento. Lo curioso del caso es que los mismos prestamistas son los capitales que antes se quedaron con las empresas públicas, o sea, negocio redondo para ellos. El problema –para el Estado- surge cuando hay que pagar esa deuda y ya no hay préstamo que alcance ni patrimonio del que desprenderse. Allí aparece la cara más terrible del neoliberalismo, la del AJUSTE sobre el salario de los trabajadores.

Lo particular del caso en Misiones, es que el AJUSTE sobre el SALARIO y las JUBILACIONES no fue la última etapa de aplicación del neoliberalismo, sino una de las primeras. Esto evidencia la nula sensibilidad social de Puerta y su desprecio hacia los empleados públicos, a los que les hizo pagar la fiesta neoliberal mucho antes de que solo quedaran migajas.

El ISE, primer tijeretazo salarial
Imagen 1. Tapa Primera Edición 27/07/1995

Para mediados de 1995 estaba claro que la fiesta neoliberal estaba llegando a su fin en Misiones. El déficit presupuestario ya era crónico y el crecimiento de la deuda pública sostenido en el tiempo (ver nota sobre la deuda pública). Si bien el Estado se alistaba a desguazar sus principales activos (Banco Provincia y Papel Misionero), sabemos que la privatización de ambas entidades no generaría ganancias para la provincia, sino nuevas deudas (ver artículo sobre privatización del BPM). En consecuencia, la única alternativa para profundizar el modelo era comenzar un feroz recorte sobre el presupuesto a través del AJUSTE de las cuentas públicas (ver imagen 1).


Imagen 2. Tapa Primera Edición 28/07/1995
Entre los sectores a recortar se encontraban la educación (ver imagen 2), los salarios de los trabajadores de la administración pública y las jubilaciones estatales. Según la explicación del Ejecutivo encabezado por Puerta, era necesario cubrir un hueco fiscal de siete millones de pesos, una cifra en verdad menor si la comparamos con lo que sería la toma de créditos en los años posteriores.

El tijeretazo sobre los salarios comenzó el 20 de julio de 1995 con la sanción de la Ley N° 3201 (ver imagen 3), promulgada por decreto N° 937 del 24 de julio y reglamentada por decreto N° 944 del 25 del mencionado mes (ver imagen 4).
Imagen 3. Ley N° 3201 de creación del ISE.
La Ley 3201 creó el Impuesto Solidario de Emergencia (ISE), un recorte sobre los salarios públicos y las jubilaciones superiores a los 700 pesos. El artículo primero establecía el carácter “transitorio” del impuesto, que sería para “financiar los gastos de acción social del Estado”, un eufemismo con no podía ocultar el tono neoliberal de la medida. El ISE se estipuló en tres tramos de contribuyentes. Los que cobraban entre 700 y mil pesos, aportarían el 7 por ciento (art. 9). Entre mil y dos mil, lo harían por el 11 por ciento (art. 10). Y los salarios mayores a dos mil, aportarían el 16 por ciento (art. 11).

Imagen 4. Decreto N° 944/95 reglamenta el ISE
Cabe  mencionar, al respecto, que la intención del Ejecutivo era gravar los sueldos a partir de los 500 pesos, pero debido al generalizado rechazo que tuvo la medida se elevó su piso a 700.

La sanción de la Ley 3201 generó una andanada de amparos judiciales, algunos de los cuales obtuvieron sentencias favorables en primera instancia. Quizás previendo esta posibilidad, el gobierno había exceptuado del descuento salarial a todo el personal y los magistrados del Poder Judicial (art. 4). Es por ello que mientras el trámite avanzaba en la justicia misionera, el puertismo endureció su “postura ante amparos” e inclusive decretó un régimen de planes de pago para aquellos trabajadores que habían obtenido un amparo favorable (decreto 1448 del 29 de octubre de 1996).

Lo cierto es que los amparos cayeron gracias a la intervención del Superior Tribunal de Justicia, que falló a favor del gobierno y condenó a miles de trabajadores y jubilados misioneros a recortes salariales de los que ellos mismos quedaban exentos (ver imagen 5).
Imagen 5. Tapa Primera Edición 18/10/1996

El golpe final al salario y las jubilaciones públicas, el IETE

Como la sanción del ISE no era más que un parche y su aplicación había generado fuertes controversias judiciales, el Ejecutivo liderado por Puerta profundizó su política de AJUSTE con dos leyes simultáneas que apuntaban a decapitar el rol del empelado público provincial. Primero se sancionó la Ley N° 3309 (25 de julio de 1996) que ampliaba “la emergencia económica y financiera del sector público” (art. 1°) y facultaba a “los distintos poderes del Estado, empresas, entes autárquicos y organismos de la constitución a implementar sistemas de retiro voluntario” (art. 3).

Imagen 6. Ley N° 3310 de creación del IETE
Ese mismo día, la Legislatura sancionó la Ley N° 3310 que creó, siempre en el ámbito de la administración pública, el Impuesto Extraordinario Transitorio de Emergencia, el inefable IETE (ver imagen 6). Sin el carácter “solidario” del ISE ni bajo el eufemismo de financiar los gastos sociales, el IETE tuvo las mismas categorías tributarias que su predecesor y generó instantes de fuerte tensión dentro y fuera de la Cámara de Representantes (ver imagen 7).

Lo concreto es que pese al rechazo generalizado de las organizaciones de trabajadores, como la CGT, ATE y UPCN, de la oposición política e, inclusive, de las modificaciones que debió realizar el puertismo en el proyecto original para lograr los votos de los miembros del Partido Justicialista, el IETE terminó por aplicarse sobre los salarios de los trabajadores públicos y los jubilados estatales. El criterio discrecional con el que se aplicó la medida, que rebanó la capacidad de compra del salario público y privilegió a los privados, fue una muestra más de las prioridades que tuvo (y tiene) el neoliberalismo para distribuir las cargas y las obligaciones entre los distintos sectores de la sociedad. La fórmula es tan simple como dramática, todo para los privados, nada para el Estado (inclusive para los empleados públicos). Es que en la percepción de Puerta el trabajo en la administración pública “es un privilegio” y, por lo tanto, bien podrían ajustar sus salarios y sus niveles de ingreso (ver declaraciones de Ramón Puerta).

Imagen 7. Página 2 Primera Edición 26/07/1996
El IETE siguió su historia, con topes que se fueron moviendo según las demandas de financiamiento del Estado neoliberal imperante. En tiempos de la gobernación de Carlos Rovira, finalmente el injusto impuesto sobre los salarios y las jubilaciones fue derogado. El dinero arrebatado a los trabajadores y jubilados de Misiones jamás se utilizó para “los gastos de acción social del Estado” ni para llenar los huecos generados por el déficit presupuestario. Esos recursos sirvieron, más bien, para alimentar la voraz bicicleta financiera que se articuló en Misiones y con los recursos generados en la provincia. Pese al desguace de las empresas públicas, a los recortes en el presupuesto de áreas estratégicas como la educación y a los tijeretazos en los salarios y las jubilaciones, Misiones nunca pudo ordenar sus cuentas públicas, por lo que el paso del neoliberalismo por nuestra provincia se tradujo en una enorme deuda de más de 700 millones de dólares que estamos pagando y que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos.

Por eso, reiteramos, ¡Neoliberalismo NUNCA MÁS!

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