Neoliberalismo en Misiones: Desguace y privatización del Banco Provincia

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Uno de los ejes centrales del neoliberalismo consiste en la privatización de todo aquel resorte público que concite el interés del sector privado. Industrias estratégicas, servicios rentables y la banca pública son las presas más apetecibles para las políticas privatizadoras. Durante la gestión como goberndor de Misiones de Ramón Puerta (1991-1999), se privatizaron 17 empresas públicas, en la mayoría de los casos luego de haberlas vaciado, endeudado y desguazado para su venta. El caso emblemático de las privatizaciones neoliberales fue el del Banco Provincia de Misiones (BPM), entidad financiera fundamental para el desarrollo autónomo local que fue entregada al capital privado sin ningún tipo de beneficio para la provincia.

En el nombre del abuelo

Cuando Misiones recuperó su estatus provincial en 1953, se abrió paso a un proceso de organización del que emergieron las instituciones públicas que conforman el Estado provincial. En este marco, el interventor federal Adolfo Pomar firmó el decreto ley N° 1023, del 21 de agosto de 1956, que creó el Banco Provincia de Misiones como agente financiero del gobierno y caja obligada para el ingreso de las rentas fiscales de la provincia.

Poco tiempo después se sancionó la ilegítima constitución de Misiones (sancionada bajo un gobierno dictatorial), en la cual se ratificó el sentido público del sistema. Así quedó establecido en el artículo 64 de la citada carta magna al afirmar que “la Provincia creará bancos como entidades estatales o mixtas, debiendo en este último caso tener la mayoría absoluta del capital” (Constitución de Misiones).

Lo curioso del caso es que uno de los vocales del directorio organizador del banco fue Federico Puerta, el abuelo paterno de Ramón, el gobernador que tres décadas después vaciaría y privatizaría el banco que con tanto esfuerzo habían gestado los misioneros… y su propio abuelo.

El desguace de un Banco público

La privatización del BPM fue un largo proceso en el que se pueden encontrar maniobras financieras, vericuetos legales, negligencia gubernamental, complicidad legislativa y un extenso número de leyes y decretos que pretendieron dotar de legalidad a un hecho absolutamente ilegítimo.

El punto de partida para la privatización fue la sanción de la Ley 2.913 (14/04/1992), que facultó al gobierno “a concesionar y/o privatizar, disolver y/o liquidar total o parcialmente los organismos, empresas y/o los servicios que no se encuentren expresamente reservados en la Constitución Provincial, y en cuanto ello contribuya al mejor servicio y al ahorro en la gestión de su ejecución y/o prestación” (Texto de la Ley 2913). Esta ley no era más que la incorporación definitiva de la provincia dentro del esquena neoliberal de gestión de la cosa pública.

A partir de aquella ley de virtual desguace del Estado provincial, quedó sellada la suerte del Banco Provincia. Para liquidarlo, se emprendieron dos tareas desde la administración puertista. Por un lado, se propició su vaciamiento patrimonial vía endeudamiento, con el objetivo de justificar la venta en sus deficiencias financieras y, por otro lado, se consolidó la mencionada deuda para favorecer a los futuros compradores (Decreto 1945 del 11/08/1992, ver imagen 1).
Imagen 1. Decreto 1945/92.

Según el informe de auditoría firmado por Delloite y Compañía (16/05/1995) las irregularidades en el manejo del banco eran numerosas. Entre otras, se pueden citar los fondos nunca girados por el Ejecutivo en concepto de devolución de los préstamos realizados por el BPM, la ausencia de registros contables en el año y medio previo a la privatización, el sostenido crecimiento de la cartera de “deudores incobrables”, entre los que figuraban importantes empresas locales y, finalmente, una larga lista de exorbitantes pagos en concepto de “comisiones por intermediación financiera”.

El mecanismo de desguace era tan simple como torpe, el Banco le “prestaba” dinero al gobierno para atender pagos corrientes y éste nunca los devolvía, ya que carecía de una política tributaria capaz de generar los fondos indispensables para el financiamiento del Estado. Es más, la Comisión Investigadora de la Deuda Pública denunció que mediante dos decretos por 32.5 millones de pesos se retiraron, en verdad, casi 2.000 millones!!!! (Denuncia pública de la Comisión Investigadora). De esta forma, el BPM se descapitalizó y amplió la gravedad de su endeudamiento (ver "Neoliberalismo en Misiones: La deuda").

La venta que genera deudas

Pocas cosas fueron más absurdas durante el neoliberalismo que la venta de las empresas públicas y/o mixtas, ya que por lo general no sirvieron para atraer capitales, sino que se trató de simples asientos contables o, lo que es mucho peor, acabaron generando nuevas deudas para los estados nacional o provinciales. Con el Banco Provincia pasó esto último, su enajenación no se tradujo en recursos para la provincia sino en la adopción de nuevas deudas ¡¿cómo es esto posible?! Ahora lo veremos.

El 27 de enero de 1993, con buena parte de la población de vacaciones, el gobernador Puerta firmó el
Imagen 2. Decreto 70/93 de Privatización del BPM
decreto N° 70 (imagen 2) que dispuso, en su artículo 1°, “la privatización del Banco de la Provincia de Misiones”, pero “hasta el 49% de su capital” (art. 2°). De esta forma, Puerta ordenaba vender uno de los principales activos de la provincia mediante un simple decreto.

En una coordinación casi milimétrica, la provincia firmó el 12 de agosto de 1993 el “Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento”, un eufemismo que no hacía más que esconder todo un programa neoliberal a ser aplicado en las provincias, y ocho días después sancionó la Ley 3.036 que transformó en una Sociedad Anónima al BPM, en la cual se contemplaba la venta de la totalidad de las acciones en manos del Estado (Texto de la Ley 3036). Entre otros aspectos, el Pacto Federal conminaba a las provincias a “Propender a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual se encuentre a cargo de las provincias o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las provincias”.

Pasó el tiempo suficiente como para que los administradores designados por Puerta terminaran de vaciar
Imagen 3. Quiroga (predidente BPM), Puerta, Cavallo y Macchi
el BPM y para que la Cámara de Representantes aprobara los pliegos de privatización (8/07/1994), hasta que el 29 de noviembre de 1994, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Puerta y el ministro de economía de la Nación, Domingo Cavallo, junto a Eduardo Quiroga (presidente del BPM) y Julio Macchi (titular de la Bolsa) hicieron el lanzamiento de la privatización del BPM (imagen 3).

La operatoria cuasi fraudulenta por la cual la venta del BPM no generó ganancias para Misiones, sino que aparejó nuevas deudas para el erario provincia, se materializó el 14 de junio de 1995 mediante decreto 814 (imagen 4) por el cual se aprobó el “Convenio de Asistencia Financiera para la privatización del Banco de la Provincia de Misiones”. El convenio no era otra cosa que un “préstamo para el financiamiento del programa de privatización”. O sea, Misiones se endeudaba para vender su agente financiero y uno de sus principales activos. Para ponerlo en términos más sencillos, es como si Ud. para vender su auto o su casa tomara un crédito millonario que, inclusive, supera el precio de venta del bien que está ofreciendo. O sea, un absurdo, pero no era el único.
Imagen 4. Decreto 814/95.
Cuando finalmente el Banco Macro S.A. se fusionó con el Banco de Misiones S.A., mediante decreto 1975 del 30/12/1996, el nuevo propietario obtuvo beneficios extraordinarios y muy superiores a los que tenía el antiguo BPM. Por ejemplo, se le dio como garantía la recepción de los fondos de coparticipación, se le garantizó un piso de depósitos de 25 millones de pesos/dólares y se acordaron 1.800.000 pesos en concepto de prestación de servicios, cuando que el BPM nunca los había cobrado (ver "Maldito banco", de Daniel LLano). Además de ello, el Macro tiene cautivos a todos los empleados públicos provinciales, pese a lo cual jamás ofreció un trato solidario con sus clientes, en algunos casos, ni siquiera con una oferta crediticia similar a la de otros actores  del mercado bancario local.

Del "negocio" a la tragedia

La privatización del BPM fue un enorme "negocio" para la banca privada, los gestores y los administradores puestos por el Estado para facilitar su desguace. Ellos hicieron el negocio a costa de todos los misioneros, pero en especial a costa de los empleados del banco, víctimas directas de la política neoliberal en la provincia. 

Con el objetivo de generar condiciones favorables al privado que asumiera la conducción del banco, el Estado se hizo cargo del achicamiento de la planta de personal, que alcanzaba los 1493 trabajadores. Para ello se impulsó un programa de retiro voluntario mediante el cual los empleados debían optar si aceptaban una indemnización o si eran reubicados dentro de la administración pública, pero con una categoría y una remuneración mucho menor a la que percibían en el BPM.

Entre 1992 y 1996, el Estado redujo en mil personas la planta del Banco. Solo 330 trabajadores aceptaron continuar en la administración pública, el resto cobró la indemnización (por un monto mucho menor al que les hubiera correspondido) y comenzó, en la mayoría de los casos, una vida de parias.

Imagen 5. Tapa diario El Territorio. 18/11/2002
El Macro, nuevo dueño de la entidad, recibió una planta de 480 trabajadores, pudiendo despedir hasta el 30 por ciento de la misma en el primer semestre, según el acuerdo firmado con el Estado. 

A partir de allí comenzaron las penurias para los ahora ex empleados del BPM. La mayoría vio esfumarse en poco tiempo la indemnización, otros intentaron poner un negocio que no prosperó en épocas de  estancamiento económico y para muchos la depresión se hizo una constante en la vida cotidiana. Una decena de empleados terminó por suicidarse (imágenes 5 y 6), mientras que una cifra indeterminada padeció y padece problemas depresivos. Ellos fueron las víctimas directas del mayor agravio contra el patrimonio provincial realizado por el neoliberalismo de Ramón Puerta, pero no fueron los únicos.
Imagen 6. Diario El Territorio 18/11/2002.
Todos y cada uno de los misioneros perdimos la única entidad financiera puesta al servicio de los empleados públicos, los pequeños y medianos productores y el desarrollo de la provincia. 

Por eso, lo reiteramos, ¡neoliberalismo NUNCA MÁS!

3 comentarios:

  1. el caradura de ramón puerta tiene la osadía de presentarse y pedir que el pueblo misionero lo vuelva a bota en cuantas eleccione aparezca desfachatado

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  2. Pablo, felicitaciones por este comentario con mucho material histórico. Y gracias por tu lucha en favor de la memoria y la justicia. Los que no tenemos el coraje tan fuerte como el tuyo, nos sentimos agradecidos y representados por vos.

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