El inicio del fin de la impunidad de los genocidas

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Néstor Kirchner afirmó, aquel histórico 25 de mayo de 2003, que no había llegado a la Casa Rosada para dejar sus principios en la puerta de ingreso a la casa de gobierno. Durante los primeros meses de su gestión, evidenció que aquel presento se haría política de Estado, en especial en todo lo referente a los Derechos Humanos y a la revisión de lo ocurrido durante la última dictadura militar. A pocas semanas de su llegada al poder, Kirchner dio un mensaje muy claro a la sociedad: acá o allá a los genocidas se los juzgará.

Imposibilitados de acceder a la justicia en la Argentina, debido al cerrojo impuesto por las leyes de la impunidad, como la ley de obediencia debida, del punto final y del indulto, la única alternativa para las víctimas y sus familiares era recurrir a la justicia de otros países. De esta forma, se fue gestando una causa contra 46 represores en los tribunales españoles, en donde el juez Baltazar Garzón pretendía hacer justicia de una u otra manera.

Luego de las primeras instrucciones, el juez comenzó a analizar un pedido de extradición sobre 46 represores, entre ellos, alguno de los nombres más emblemáticos de la represión ilegal, como Alfredo Astiz, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Carlos Suárez Mason. Pero en aquella oportunidad, el entonces presidente Fernando De la Rúa, firmó el decreto 1581/01 que impedía que los represores acusados de “tortura, genocidio y terrorismo” fueran extraditados a los países que reclaman su captura.

Pese a ello, a mediados del 2003, Baltasar Garzón envió el pedido de extradición, que recayó en las manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el que de inmediato envió la orden de captura contra los represores.

Esto generó una situación de extrema gravedad institucional, ya que aún se encontraba vigente el decreto del ex presidente de la Alianza. Frente a esta situación, Néstor Kirchner tomó la que sería su primera y emblemática decisión en torno al tema de los derechos humanos en la Argentina, mediante el decreto 420 del 25 de julio de 2003, derogó el decreto 1581 del 2001 y de ese modo dispuso que en materia de extradición el trámite judicial será bajo el régimen de trámite imperante.

El decreto llevó las firmas del presidente Kirchner, del canciller Rafael Bielsa, del jefe de gabinete Alberto Fernández y del ministro de justicia Gustavo Béliz. El mensaje para la justicia, los represores y la sociedad era muy claro: de una u otra forma habría justicia en la Argentina. Luego de conocerse el decreto, los propios represores comenzaron a presionar para ser juzgados en el país y no en el extranjero, con la vana idea de que aquí, en la Argentina, nadie se atrevería a enjuiciarlos.

Hoy, hace 10 años, se comenzó a transitar el camino por la verdad, la memoria y la justicia, el día en que Néstor dejó en claro que acá o allá, a los genocidas se los juzgará.

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