La minería y un reglamento histórico

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La producción minera siempre ha sido elemento de polémicas y acalorados debates. Desde que el poder colonial español hiciera de la minería uno de los elementos centrales de su aparato productivo, que la extracción de metales ha llamado la atención de todos los gobierno a lo largo del tiempo. Ya en tiempos revolucionarios, los primeros gobiernos patrios también pusieron su atención en el tema de la minería, tanto como para que hoy, 7 de mayo, estemos festejando los 199 años del primer reglamento de minería que existió en nuestro país.

Luego de algunos vaivenes con los primeros gobierno patrios una vez producida la revolución de Mayo, fue el Segundo Triunvirato el encargado de relanzar el proceso de transformación política. Para ello, convocó a la famosa Asamblea del Año XIII, la que se constituyó en un a especie de poder legislativo con atribuciones constitucionales e independentistas.

El 24 de abril de 1813, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea un proyecto de reglamento para la producción minera en el ámbito de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mirado a la distancia, aquel reglamento puede sorprender y hasta generar fuertes polémicas.

En los fundamentos del proyecto se aclaraba que las minas “forman después del crédito público, la base más sólida al sistema de hacienda”, por lo que era de “extrema importancia adoptar principios enteramente nuevos y contrarios, a los que una política tan absurda, como igualmente ignorante ha consagrado bajo la antigua administración”.

¿Cuáles eran esos principios enteramente nuevos? El reglamento lo planteaba con absoluta sinceridad y pragmatismo. Dice el texto: “Los inmensos depósitos de plata y oro que contienen estas cordilleras, deben quedar abiertos para cuantos hombres quieran venir a extraerlos desde todos los puntos del globo. Los artículos cualesquiera clase que sean necesarios para las operaciones mineralógicas, deben ser libres y protegida del modo posible su introducción y la comodidad de sus precios: los hombres dedicados a estos utilísimos trabajos no serán retraídos jamás por ningún género de traba y el fruto de sus labores podrá ser conducido libremente adonde quiera que más ventajas proporcione a sus dueños y en la forma que mejor convenga a sus intereses”. O sea, se propone la explotación abierta, libre y sin ningún tipo de restricciones en el ámbito de las Provincias Unidas.

El proyecto comenzó a debatirse en la sesión del 29 de abril bajo un amplio consenso favorable, ya que las únicas voces que plantearon dudas, fue tan sólo por cuestiones puntuales.

Lo cierto es que el 7 de mayo de 1813, la Asamblea aprobó, con leves modificaciones, el proyecto minero enviado por el Ejecutivo. La inestabilidad política del país en las décadas posteriores, hizo de este reglamento algo casi impracticable, pero la memoria quedó presente. Así es como en 1945 se instauró al 7 de mayo como el día de la minería en la Argentina, todo, por aquel reglamento histórico. 

Pablo Camogli

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