Una sublevación que trae imágenes del pasado

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Cinco días después de que se conociera la fecha de inicio del cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad, esta vez por los hechos cometidos en el ámbito de la Jefatura de Policía de Misiones durante la última dictadura militar, la autodenominada “familia policial” misionera se autoacuarteló e inició una sublevación que, bajo un fuerte reclamo salarial, esconde la participación de sectores vinculados al pasado trágico de la Argentina y una clara intencionalidad política.

El pasado viernes 17 de febrero la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Amelia Báez, fue notificada por la justicia federal que el día 21 de marzo a las 8 horas se daría inicio al juicio por violaciones a los derechos humanos perpetrados en el ámbito de la Jefatura Policial, durante el período de 1976 a 1983. Durante el juicio, se investigarán 42 casos de privaciones ilegítimas de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados. El principal acusado por estos delitos es el ex coronel del Ejército Carlos Herrero, quien durante la dictadura se desempeñó como Jefe de la Policía misionera. También estarán en el banquillo de los acusados, el ex comisario Felipe Giménez, que se desempeñara como jefe del Departamento de Informaciones de la policía local. El listado de represores se completa con el ex agente Carlos Pombo, que deberá responder por 10 cargos similares, mientras que Guillermo Mendoza, ex médico de la policía, será juzgado por tres casos.

Cinco días después de éste anuncio, en las primeras horas del miércoles 22, unos 300 efectivos policiales coparon el comando radioeléctrico de la ciudad de Posadas e iniciaron un auto acuartelamiento que se extiende hasta hoy. El objetivo aparente de estos agentes, era una fuerte reivindicación salarial, en una provincia en donde la política salarial ha sido aumentar los salarios de bolsillo a costa de un achatamiento en el básico. Además, los policías reclaman por la reincorporación de cinco agentes que fueron dados de baja tiempo atrás al impulsar la agremiación policial, algo que está prohibido no sólo en la provincia sino a nivel nacional e internacional. Asimismo, los uniformados exigen que “se deje de atacar a la familia policial”, una consigna lo suficientemente vaga pero que no puede dejar de estar relacionada con el inicio del juicio por delitos de lesa humanidad.

Desde el mismo miércoles que el gobierno provincial, conformado por un frente de partidos nucleados en el Frente Renovador y que fuera reelecto el año pasado con un inédito 75 por ciento de los votos, ha entablado negociaciones para solucionar el conflicto. El viernes, luego de la intervención infructuosa del subsecretario de seguridad, Julio Lenzken y del jefe de la fuerza, Benjamín Roa, fue el propio gobernador, Mauruice Closs el que se reunió con 30 delegados policiales en Casa de Gobierno. Allí se había llegado a un acuerdo, en base a un aumento de bolsillo cercano al 40 por ciento, más una serie de beneficios que los policías exigen desde hace tiempo.

Pese a este acuerdo, cuando los delegados regresaron a la sede policial tomada, el núcleo duro de la sublevación rechazó el acuerdo y reclamó la intervención federal para “que este gobierno inútil se vaya”, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas meses atrás y encuadrándose su conducta en el delito de sedición, tal como lo establece el artículo 22 de la constitución nacional y 230 del Código Penal argentino.

En las últimas horas, numerosos agentes policiales han mostrado su predisposición en aceptar la propuesta salarial y ya se registraron casos en el interior de la provincia de seccionales que depusieron la actitud de sublevación, como en Oberá, la segunda ciudad de la provincia, Aristóbulo del Valle y Jardín América.

Asimismo, el gobierno denunció la colaboración de grupos políticos en la protesta, en especial en cuanto al sostenimiento logístico de la medida de fuerza. Todos los días, el sindicato de camioneros y la UTA locales, aportan mil viandas de comida para los uniformados. El líder local de camioneros es el ex diputado provincial Adolfo Velázquez, quién luego de romper su alianza con el ex gobernador Ramón Puerta, se alió con el actual diputado provincial Claudio Wipplinger, dueño del diario Primera Edición y, a su vez, ex líder local del PRO de Mauricio Macri.

La presencia del puertismo en la sublevación es incontrastable, ya que uno de los líderes del movimiento es el comisario retirado y ex jefe de la custodia de Puerta, Ramón Krauchuk, quien sostiene el discurso más duro contra la propuesta salarial del gobierno provincial. Puerta fue candidato a senador en las pasadas elecciones, en la boleta que llevó como candidato a presidente a Eduardo Duhalde y que, en la provincia, apenas superó el 8 por ciento de los votos.

La provincia de Misiones viene sosteniendo desde el 2003 una política de derechos humanos basada en los pilares fundamentales de memoria, verdad y justicia. De hecho, es la única provincia del país que tiene un ministerio de derechos humanos, desde el cual el Estado provincial se constituyó en querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Misiones durante la dictadura.

El juicio anunciado para el próximo 21 de marzo, es el cuarto que se realiza en la provincia. En el 2008, en la que fue la primera sentencia de este tipo fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires o la Capital Federal, fue condenado a 25 años de prisión el coronel retirado y ex jefe del Área 232 de la provincia, Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Al año siguiente, se condenó a penas de más de 20 años a dos guardiacárceles del Centro Carcelario de Candelaria. Finalmente, en octubre del 2009, se condenó con cadena perpetua a los dos primeros jefes del Área 232, los coroneles retirados Juan Carlos Beltramelli y Caggiano Tedesco.
Pablo Camogli

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